Por Emmanuel Sánchez
Una presión fiscal que se intensifica a nivel local
La carga fiscal que enfrentan las empresas en distintos estados del país continúa en aumento. De acuerdo con advertencias de la Coparmex, diversos gobiernos estatales han incrementado impuestos, derechos y contribuciones locales, elevando el costo de operar para el sector productivo.
El fenómeno no es homogéneo, pero sí creciente. En varias entidades se han registrado ajustes en gravámenes sobre nómina, licencias, derechos administrativos y cargas indirectas que, acumuladas, impactan de manera directa la rentabilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Estados bajo presión financiera
Detrás del incremento fiscal hay un factor común: la necesidad de los gobiernos estatales de fortalecer su recaudación ante presupuestos limitados, mayores compromisos de gasto y menores márgenes de maniobra financiera. Para muchos estados, elevar impuestos locales se ha convertido en una vía rápida para cerrar brechas presupuestales.
Sin embargo, esta estrategia tiene costos. A diferencia de los impuestos federales, los gravámenes estatales inciden directamente en la decisión de ubicación, expansión o permanencia de las empresas. Cuando las cargas se vuelven excesivas, la inversión comienza a evaluar alternativas más competitivas en otras regiones.
Impacto directo en empresas y empleo
El aumento de impuestos estatales repercute de forma inmediata en los costos laborales y operativos. Impuestos sobre nómina más altos, mayores derechos regulatorios o nuevas contribuciones reducen márgenes y limitan la capacidad de las empresas para invertir, contratar personal o mejorar salarios.
Para las PyMEs, que suelen operar con estructuras financieras más ajustadas, este escenario resulta particularmente complejo. Muchas enfrentan el dilema de absorber el costo —afectando su viabilidad— o trasladarlo al precio final, con el riesgo de perder competitividad frente a otros mercados.
Competitividad regional en riesgo
Desde una perspectiva económica, la disparidad fiscal entre estados puede generar distorsiones relevantes. Entidades con cargas más elevadas corren el riesgo de perder atractivo frente a aquellas que ofrecen incentivos, estabilidad regulatoria y menor presión impositiva.
En un contexto donde el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas abren oportunidades para México, la política fiscal estatal se vuelve un factor determinante. No se trata solo de recaudar más, sino de crear condiciones que permitan atraer y retener inversión productiva.
La postura empresarial: recaudar sin asfixiar
El llamado del sector empresarial no apunta a eliminar impuestos, sino a encontrar un equilibrio. Desde su perspectiva, el fortalecimiento de las finanzas públicas debe ir acompañado de eficiencia en el gasto, simplificación administrativa y un entorno que premie la formalidad y la inversión.
Una política fiscal local excesivamente recaudatoria puede terminar siendo contraproducente: menos inversión, menor crecimiento económico y, en consecuencia, una base tributaria más reducida en el mediano plazo.
Conclusión: el reto de los estados
El aumento de la carga fiscal a empresas en los estados plantea un desafío de fondo para la economía mexicana. Los gobiernos locales enfrentan la necesidad de financiar sus operaciones, pero hacerlo a costa de la competitividad puede debilitar el desarrollo económico regional.
La clave estará en diseñar esquemas fiscales equilibrados, transparentes y orientados al crecimiento. En un país que busca atraer inversión y generar empleo, la política tributaria estatal no puede verse solo como una herramienta de recaudación, sino como un elemento estratégico para el desarrollo.
