Por Gwendolyne Negrete, Country Chair Financial Empowerment and Inclusive Policies del G100 México.
La inclusión financiera no es solo un término técnico que adorna discursos políticos y corporativos; es una herramienta poderosa de transformación social que tiene el potencial de reconfigurar el panorama económico de nuestro país.
Cuando hablamos de inclusión financiera, nos referimos al acceso equitativo a productos y servicios financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de individuos y empresas. Sin embargo, en México, el 47% de la población adulta aún carece de acceso a servicios bancarios básicos, cifra que se incrementa dramáticamente en zonas rurales y entre mujeres.
La brecha de género en el acceso financiero no es casualidad. Es el resultado de barreras estructurales que han persistido durante generaciones: desde la falta de educación financiera hasta obstáculos legales y culturales que limitan la autonomía económica de las mujeres. Como representante del G100 México, he sido testigo de cómo estas barreras condenan a millones de mexicanas a la dependencia económica y a la vulnerabilidad.
El empoderamiento financiero es, por tanto, un asunto de justicia social. Cuando una mujer tiene acceso a una cuenta bancaria, a crédito justo o a sistemas de ahorro formal, no solo mejora su situación económica personal, sino que impulsa el desarrollo de su comunidad. Estudios del Banco Mundial han demostrado que las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en sus familias, en contraste con el 40% que reinvierten los hombres.
La tecnología financiera (fintech) representa una oportunidad sin precedentes para acelerar esta inclusión. Las aplicaciones móviles, los servicios de banca digital y las plataformas de microcréditos están democratizando el acceso financiero a velocidades que antes parecían imposibles. Sin embargo, debemos asegurarnos de que estas innovaciones lleguen a quienes más las necesitan.
Para lograrlo, es imperativo un enfoque multidimensional:
Primero, la educación financiera debe ser una prioridad nacional. No basta con tener acceso a servicios financieros si no se comprende cómo utilizarlos estratégicamente.
Segundo, las políticas públicas deben adaptarse para eliminar las barreras legales que limitan el acceso de las mujeres a los servicios financieros, como requisitos de garantías desproporcionados o la necesidad de aprobación del cónyuge para ciertos trámites.
Tercero, las instituciones financieras deben diseñar productos específicos que atiendan las necesidades y realidades de las mujeres, como horarios flexibles, requisitos adaptados y canales de atención sensibles al género.
Desde el G100 México, estamos comprometidas con estas transformaciones. Trabajamos para que la inclusión financiera no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible que impulse el desarrollo económico sostenible y equitativo.
La inclusión financiera no es solo un asunto de números en una cuenta bancaria; es una cuestión de dignidad, de autonomía y de justicia. Es el camino hacia una sociedad donde cada mexicana y mexicano tenga la oportunidad de prosperar, independientemente de su género, ubicación geográfica o condición socioeconómica.
El desafío es grande, pero el potencial de transformación es aún mayor. Ha llegado el momento de que la inclusión financiera sea reconocida como lo que verdaderamente es: un derecho humano fundamental que debemos garantizar para todas y todos.
Gwendolyne Negrete es activista social, Politóloga, experta en empoderamiento económico de las mujeres fundadora de la ONG MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C.
