En junio de 2025, México será testigo de un cambio estructural en su sistema judicial: por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular. Esta modificación forma parte de una reforma más amplia que busca redefinir la forma en que opera la justicia en el país. Más allá del aspecto político o institucional, este proceso tiene implicaciones clave para el entorno empresarial, el marco legal de los negocios y la percepción de certeza jurídica entre inversionistas nacionales e internacionales.
¿Qué está cambiando en el Poder Judicial?
La reforma judicial, aprobada en 2024, establece que los integrantes del Poder Judicial ya no serán designados por otros poderes del Estado, sino que deberán presentarse a procesos de elección abierta. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
- Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9.
- Elección directa de magistrados y jueces de distrito.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
- Períodos de 12 años para los ministros electos.
El objetivo oficial es hacer más accesible y transparente el sistema de justicia, permitiendo que los ciudadanos tengan una participación directa en la selección de quienes imparten la ley, por ello, las elecciones judiciales de 2025 representan una transformación significativa en la vida institucional de México.
Implicaciones para el sector empresarial
Para las empresas, un sistema judicial estable, predecible y profesional es tan importante como una economía sólida. Estos son algunos de los puntos de atención para el sector privado:
1. Seguridad jurídica
Las decisiones judiciales tienen un impacto directo en litigios comerciales, derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y resolución de disputas. Un cambio en la forma de seleccionar a los jueces podría generar incertidumbre sobre la consistencia y especialización de los fallos.
2. Percepción de imparcialidad
La elección abierta puede introducir elementos ajenos a criterios técnicos, como la popularidad o la afiliación ideológica. Esto podría afectar la percepción de imparcialidad y autonomía judicial, especialmente en casos de alto perfil económico.
3. Inversión y clima de negocios
Inversionistas nacionales y extranjeros evalúan el marco legal de un país como parte de sus decisiones. Cualquier cambio que genere dudas sobre la continuidad del Estado de Derecho puede retrasar proyectos o cambiar la asignación de capitales hacia otras regiones.
Para el entorno empresarial, el principal reto será adaptarse a este nuevo contexto sin perder de vista la importancia de un sistema legal sólido, imparcial y técnicamente capacitado. La forma en que se desarrollen estas elecciones y los perfiles que resulten electos marcarán en gran medida el rumbo de la confianza empresarial en los próximos años
