Por Concepción Valadez
En México, millones de horas de trabajo sostienen silenciosamente el funcionamiento de la sociedad y la economía, pero nadie habla sobre el cuidado de niñas, niños, personas mayores, enfermos y personas con discapacidad. Este trabajo, mayoritariamente realizado por mujeres mas no exclusivo, ha sido históricamente invisibilizado, no remunerado o mal remunerado. Hoy, hablar de la economía de cuidados no es solo una cuestión de justicia social, sino una prioridad estratégica para el desarrollo sostenible del país.
¿Pero que es la economía de cuidados? Comprende todas aquellas actividades necesarias para el bienestar físico, emocional y social de las personas. Esto incluye desde el cuidado en el hogar hasta los servicios profesionales de salud, educación inicial y atención a las dependencias. Sin embargo, en México, gran parte de este trabajo se realiza en el ámbito doméstico sin reconocimiento económico ni social, lo que perpetúa desigualdades de género limitando el crecimiento económico y educativo no solo del hogar, sino del país.
De acuerdo con diversas mediciones, el trabajo no remunerado de cuidados representa una proporción significativa del Producto Interno Bruto si se contabilizara formalmente. Esto revela una paradoja: una actividad esencial para la economía no es considerada dentro de ella. Esta omisión tiene consecuencias profundas pues, por un lado, limita la autonomía económica de quienes lo realizan, pues quienes destinan gran parte de su tiempo a estas tareas y por otro, impide que el país diseñe políticas públicas integrales que respondan a una realidad evidente.
Invertir en la economía de cuidados es una de las decisiones más inteligentes que pueden tomar las empresas. No se trata únicamente de reconocer el valor de estas actividades, sino de profesionalizarlas, redistribuirlas y garantizar su acceso universal. Esto implica crear sistemas nacionales de cuidados que integren servicios públicos, privados y comunitarios, con estándares de calidad, financiamiento sostenible y enfoque de derechos humanos.
La educación juega un papel central en esta transformación pues es fundamental cambiar la percepción cultural que asigna el cuidado exclusivamente a las mujeres. Desde la infancia, niñas y niños deben aprender que el cuidado es una responsabilidad compartida. Incorporar contenidos sobre corresponsabilidad, empatía y trabajo doméstico en los sistemas educativos puede contribuir a modificar patrones profundamente arraigados.
Asimismo, es necesario formar profesionales en el sector de cuidados. Esto no solo eleva la calidad de los servicios, sino que genera empleo formal y digno. La capacitación en áreas como atención geriátrica, educación inicial, enfermería y apoyo a personas con discapacidad debe ser una prioridad. En un país que enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional, la demanda de estos servicios crecerá exponencialmente en las próximas décadas.
Otro aspecto clave es la implementación de políticas laborales que faciliten la conciliación entre la vida personal y profesional. Licencias de paternidad equitativas, horarios flexibles, trabajo remoto y servicios de cuidado accesibles son herramientas que permiten redistribuir las responsabilidades y reducir la carga desproporcionada sobre quienes las realizan. Estas medidas no solo benefician a las familias, sino que incrementan la productividad y el bienestar general.
La economía de cuidados también tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza y la desigualdad del país. Pues cuando las personas tienen acceso a servicios de cuidado, pueden integrarse al mercado laboral, emprender o continuar su educación. Lo cual genera un efecto multiplicador entre los ingresos familiares y el desarrollo comunitario. Por el contrario, la falta de estos servicios perpetúa ciclos de dependencia económica y exclusión.
En este contexto, el papel del Estado es fundamental porque se requiere una visión de largo plazo que articule esfuerzos entre distintos niveles y sectores del gobierno. La creación de un sistema nacional de cuidados no debe verse como un gasto, sino como una inversión en capital humano y cohesión social. Países que han avanzado en este ámbito han demostrado mejoras significativas en igualdad de género, crecimiento económico y bienestar social.
Pero el sector privado también tiene una responsabilidad importante ya que las empresas pueden implementar políticas internas de cuidado, ofrecer servicios para sus empleados y promover una cultura organizacional basada en la corresponsabilidad. Además, invertir en este sector abre oportunidades de negocio en áreas como tecnología para el cuidado, servicios especializados y formación profesional.
Por su parte, la sociedad civil ha sido clave en visibilizar esta agenda e impulsar cambios. Organizaciones, académicos y activistas han puesto sobre la mesa la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho y no como una carga individual. Su trabajo ha contribuido a evidenciar, sensibilizar a la población y presionar por reformas estructurales.
Sin embargo, aún existen retos importantes, como la informalidad en el sector de cuidados, falta de regulación, escasez de datos y resistencia cultural que son obstáculos que deben superarse. Para ello, es indispensable contar con voluntad política, recursos suficientes y una narrativa que coloque el cuidado en el centro del desarrollo.
Hablar de la economía de cuidados es, en esencia, hablar de cómo queremos organizarnos como sociedad. Es reconocer que el bienestar no puede sostenerse sobre el sacrificio invisible de millones de personas. Es entender que cuidar también es producir, y que sin cuidados no hay economía posible.
México tiene una oportunidad histórica para liderar en este tema en América Latina. Apostar por una economía de cuidados sólida, equitativa y sostenible no solo es un acto de justicia, sino una estrategia inteligente para construir un futuro más próspero, inclusivo y humano.
