Por Iriana Morlets
El exilio no termina cuando se cruza una frontera. Solo cambia de forma. Para muchos migrantes, especialmente quienes venimos de países donde las instituciones se quebraron, la integración en el país receptor ocurre primero por la vía económica antes que por la política. Trabajamos, producimos, pagamos impuestos. Contribuimos, pero no necesariamente pertenecemos del todo.
En mi caso —como en el de millones de venezolanos en el mundo— la relación con el Estado se reconstruyó desde lo fiscal. Aprendimos a cumplir, a regularizarnos, a entender nuevas reglas, nuevos sistemas, nuevas obligaciones. Nos convertimos en contribuyentes formales muchas veces antes de convertirnos en ciudadanos plenos.
Y ahí aparece una paradoja incómoda: el contribuyente tiene deberes claros, cuantificables y exigibles, pero derechos limitados. Se le fiscaliza, se le sanciona, se le vigila. Sin embargo, su voz en la discusión pública, en la toma de decisiones o incluso en los procesos electorales es inexistente o marginal. El vínculo con el Estado es asimétrico: se basa más en la obligación que en la pertenencia.
Esta figura no es nueva, pero se ha vuelto más visible en sociedades que reciben grandes flujos migratorios. El migrante cumple, pero no decide. Sostiene, pero no incide. Aporta recursos a un sistema del cual no puede exigir rendición de cuentas en igualdad de condiciones.
Desde una perspectiva fiscal, esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa la ciudadanía cuando se separa de la contribución? En teoría, los impuestos son el precio de vivir en sociedad, el mecanismo mediante el cual financiamos bienes públicos y fortalecemos el contrato social. Pero cuando ese contrato no es recíproco, cuando el contribuyente no es reconocido como sujeto político, el sistema empieza a mostrar fisuras.
Para quienes venimos de países como Venezuela, esta relación genera una sensibilidad particular. Sabemos lo que ocurre cuando el Estado deja de ver al contribuyente como ciudadano y lo convierte únicamente en fuente de recursos o, peor aún, en sospechoso permanente. Sabemos cómo el miedo sustituye a la certeza jurídica y cómo la discrecionalidad termina erosionando la confianza.
El problema no es pagar impuestos. El problema es pagar desde el temor, sin claridad, sin reglas estables, sin garantías. La experiencia venezolana demuestra que cuando el sistema fiscal se vuelve punitivo, opaco o arbitrario, no fortalece al Estado: lo debilita. Incentiva la informalidad, expulsa talento y rompe el vínculo entre la persona y la ley.
En el exilio, muchos aprendimos que cumplir no siempre equivale a estar protegidos. Que la formalidad no garantiza voz. Que se puede ser un contribuyente ejemplar y, aun así, sentirse prescindible en la discusión pública.
Esto no es una queja, es una advertencia. Las sociedades que aspiran a ser fuertes no pueden construir su sostenimiento económico sobre grupos que no se sienten parte del proyecto común. La integración no se logra solo cobrando impuestos; se logra generando confianza, certeza jurídica y reconocimiento.
Como migrante, como profesional en ciencias fiscales y como alguien que ya vio lo que ocurre cuando el contrato social se rompe, creo que vale la pena replantear esta relación. No desde la confrontación, sino desde la responsabilidad compartida.
Porque un contribuyente sin ciudadanía plena cumple.
Pero un contribuyente que se siente parte, defiende.
Y esa diferencia, a largo plazo, define el futuro de los países.
